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Asesinos a sueldo

Asesinos a sueldo

Israel tiene el imperativo moral de hacer todo lo posible para detener la política de la AP de incentivar financieramente el asesinato de israelíes.

por Amos Yadlin y Moshe Yaalon

Al elaborar una respuesta a esta profundamente preocupante política de la Autoridad Palestina (AP), los encargados de las decisiones israelíes deben tener en cuenta la posibilidad que sus acciones puedan tener consecuencias secundarias.

Poco después de la firma de los Acuerdos de Oslo, el fallecido presidente de la AP, Yasser Arafat, comenzó a proveer beneficios educativos a los terroristas condenados, aparentemente, para permitirles tener una profesión en tiempos de paz. Con el pasar del tiempo, el programa de rehabilitación se convirtió en un ministerio en sí mismo y los servicios que éste proporcionó se expandieron de la educación laboral a transferencias mensuales en efectivo (‘salarios’) que se correspondían positivamente con la duración de la sentencia (y, por lo tanto, con la severidad del ataque a Israel). En el 2004, la política de la AP de patrocinar a los terroristas condenados fue realmente consagrada en la ley y para el 2010 el salario anual de aquellos que cumplían penas de 30 años de cárcel era casi 20 veces el ingreso per cápita promedio en Cisjordania y el presupuesto del ministerio superó los $100 millones. Irónicamente, lo que comenzó hace dos décadas bajo el pretexto de un programa de rehabilitación para palestinos condenados por violencia en contra de israelíes, se ha convertido en un programa de incentivos para cometer actos terroristas.

Eventualmente, la comunidad internacional se enteró de las políticas de la AP de patrocinar a terroristas y presionó al liderazgo para que pusiera fin a estas prácticas, las cuales hicieron cómplices involuntarios a los países donantes. La AP respondió delegando la responsabilidad de los pagos a los prisioneros a la OLP y simplemente transfirió los fondos a la OLP con el propósito de repartirlos. Esencialmente, esto fue un cambio de maquillaje que aplacó a los donantes extranjeros de la AP, porque creó un grado de separación entre el gobierno de Abbas y el programa.

Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de permitir que continúe este programa de la AP que moviliza y militariza a la sociedad palestina? En términos de economía sencilla, las recompensas de la AP hacia los prisioneros crean incentivos financieros para que los empobrecidos palestinos tomen las armas. El ofrecer compensación monetaria por actos de terrorismo es sólo otro aspecto de la multifacética campaña de la AP para movilizar a la sociedad palestina en contra de Israel. Este componente complementa otras políticas de la AP que honran a quienes cometen actos de terrorismo nombrando los espacios públicos en su honor, exaltando sus virtudes en discursos públicos, describiendo a aquellos que fueron asesinados mientras realizaban ataques como “mártires” en los medios controlados por la AP, proveyéndole salarios a sus familiares (incluso cuando no existen dependientes) y financiando carpas para rendirles luto a éstos.

Además, debido a que todos los gobiernos poseen recursos finitos, el hecho de promover esta política implica que la AP, ya escasa de dinero, se lo asignará a aquellos que están sentados en prisión por asesinar a israelíes a expensas de servicios que realmente benefician a la población (tales como contratación de maestros en las escuelas, trabajadores sanitarios, etc.).

Por supuesto, esto también tiene ramificaciones para el potencial resurgimiento de las conversaciones de paz. La AP afirma que abandonó la resistencia violenta y fue reconocida por Israel sobre esa base. ¿Qué legitimidad posee el presidente Mahmoud Abbas como socio para la paz mientras su gobierno premia la violencia? De hecho, no sólo la AP premia a los palestinos por actos de terrorismo, sino que le paga una prima por emprender tales acciones a los que poseen ciudadanía israelí, lo que equivale a patrocinar también una insurrección dentro de Israel. Esto socava completamente el reconocimiento de Israel por parte de la AP en 1993.

No menos importante es la política de la AP de ofrecer preferencia a ciertas personas en puestos gubernamentales únicamente por haber asesinado o intentado asesinar israelíes. Primero, otorgarle posiciones de autoridad e influencia en la sociedad a los culpables de actos violentos contra Israel presenta claramente a estos individuos como “modelos a seguir” para la población en general. Segundo, llenar el gobierno con individuos que ven la violencia como una solución al conflicto muy probablemente alejará la política del gobierno de la moderación y del compromiso. Tercero, esto ofrece otra razón más para cuestionar la viabilidad y el carácter de un estado palestino; su gobierno futuro evalúa a los candidatos no en base a sus calificaciones o competencia, sino más bien en base a la gravedad de los crímenes cometidos contra Israel.

Sin embargo, debido a que Ramala ha demostrado su determinación de continuar con esta política realizando los ajustes institucionales necesarios para ‘ocultarlo’ ante las crecientes críticas, Israel requiere de un enfoque capaz de convencer al gobierno de Abbas de que el castigo económico por apoyar a los terroristas condenados supera cualquier beneficio que estos obtengan por hacerlo. Una posibilidad, tal como ordenó el Primer Ministro Benjamín Netanyahu (pero que aún no lo ha hecho), es que Israel calcule la cantidad de fondos desviados hacia los terroristas y sustraiga esa cantidad a los impuestos que recauda en nombre de la AP. En efecto, Israel obligaría a la AP a pagar dos veces si optara por continuar con su política actual. Otra opción es establecer una coalición internacional de donantes extranjeros que instituyan y apliquen pautas para prevenir el mal uso de la ayuda externa. El Reino Unido ya lo ha hecho, e Israel probablemente encontrará socios en los furiosos funcionarios estadounidenses, de Alemania y Australia que han indicado un fuerte deseo de poner fin al mal uso del dinero de sus contribuyentes para recompensar al terrorismo.

De igual manera, el presidente Donald Trump, quien ha expresado cierto repudio por la ayuda externa, disgusto por el terrorismo islámico y firme apoyo a Israel, probablemente se pronunciará a favor de cortar el apoyo de los contribuyentes estadounidenses a la AP mientras ésta mantenga su política de pagarle salarios a los terroristas. Sin embargo, las amenazas económicas no pueden garantizar el fin de la práctica si la AP tiene dispuesto soportar el castigo económico, ya que Israel no posee la capacidad de interferir directamente con fondos canalizados de la AP a la OLP y a las cuentas bancarias palestinas.

Al elaborar una respuesta a esta profundamente preocupante política de la AP, los que toman decisiones en la parte israelí deben tener en cuenta la posibilidad de que sus acciones pudieran tener consecuencias secundarias de hacer caer a un gobierno ya impopular en Ramala. Por ejemplo, es posible que la AP, ante la creciente presión externa a la que no está dispuesta a ceder, se disuelva por sí sola. Otros dos posibles escenarios en los que las acciones israelíes conduzcan al fin de la AP están más dentro del plano de fracaso del estado: o la AP se niega a cambiar sus prácticas y el castigo económico que sufre hace que su sistema de patrocinio colapse o accede a las demandas externas y abandona a los terroristas que coronó como héroes nacionales, provocando así una insurrección popular.

Sin embargo, Israel no debería abstenerse de actuar en contra de estas políticas simplemente porque el hacerlo implica riesgos. En primer lugar, la falta de respuesta ante el apoyo de la AP a los terroristas debido al temor del colapso institucional, envía el mensaje de que Israel busca mantener viva a la AP a cualquier costo, y de que no habrá consecuencias graves para las políticas peligrosas de la AP. Si eso es lo que Israel señala a través de su silencio, sólo puede esperar que el comportamiento de la AP empeore. Segundo, en el pasado las amenazas de la AP a replegarse probaron ser vacías y no existen indicios creíbles de que la organización renuncie voluntariamente a su poder (especialmente considerando los esfuerzos recientes de Abbas para consolidar el poder). Tercero, si la AP colapsara en respuesta a la presión israelí, lo cual está muy lejos de ser cierto, las consecuencias serían significativas, aunque manejables.

Como cualquier otro gobierno en el mundo, la protección de sus ciudadanos es la obligación principal del Estado de Israel; por lo tanto, éste posee el imperativo moral de hacer todo lo que esté a su alcance para poner fin a la política de la AP de incentivar financieramente el asesinato de israelíes. El presionar a la Autoridad Palestina para que ponga fin a su política de “asesinos a sueldo” va acompañado de riesgos políticos y de seguridad, pero la rectitud moral a menudo implica enfrentarse a peligros. En este caso, coaccionar a la Autoridad Palestina para que invierta su presupuesto en proveer verdaderos servicios a su pueblo en lugar de desviar fondos a los terroristas encarcelados, puede tener la ventaja de crear instituciones más eficaces y ampliar el apoyo público.

Moshe Yaalon es ex ministro de defensa y jefe de personal de las FDI. Amos Yadlin es el ex-jefe de la Dirección de Inteligencia Militar de las FDI y actual jefe del Instituto de Estudios en Seguridad Nacional (IESN).

Extraído de Hatzad Hasheni

8/5/2017

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