Finalmente, y con menos expectación de la esperada, el informe de la comisión independiente de la ONU sobre el conflicto en Gaza del pasado verano se hizo público el pasado lunes.

Previamente, militares americanos reunidos por el JINSA (Jewish Institute for National Security Affairs) y, por otro lado, un comité de militares, diplomáticos, líderes políticos y expertos organizado por la Friends of Israel Initiative concluyeron que Israel cumplió con las leyes internacionales que regulan los conflictos armados. Por otra parte, en el informe del Gobierno israelí se califica las actuaciones de Hamás como crímenes de guerra.

La comisión independiente de la ONU fue organizada por el Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional, que desde 2006 a 2015 ha emitido 61 resoluciones de condena a Israel, frente a las 8 que ha dedicado a Corea del Norte y las 5 en que ha condenado a Libia. Países como Yemen, China, Cuba, Pakistán o Rusia no han merecido una sola resolución condenatoria. Si la objetividad de los expertos que ha reunido JINSA y Friends of Israel es cuestionada por las marcas bajo las que han presentado sus conclusiones, la de la comisión independiente de la ONU debería quedar lastrada por el vergonzoso historial del Consejo de Derechos Humanos.

A pesar del sesgo que tiene el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, su informe intenta ser ecuánime, y hace de altavoz, sobre todo, para que la Corte Penal Internacional sea la que se encargue de investigar los posibles crímenes de guerra que se cometieron en el conflicto; no obstante, expone claramente los que Hamás perpetró en esos 52 días.

Así, el informe señala que Hamás lanzó de manera indiscriminada cohetes y proyectiles de mortero sobre ciudades israelíes desde zonas densamente pobladas, como por otra parte atestiguaron varios corresponsales que cubrieron el conflicto. Hamás utilizó instalaciones civiles, como escuelas de la ONU (lo reconoce el director de la UNRWA), mezquitas y hospitales, para almacenar armamento e instalar centros de operaciones y, lo más grave, lanzaderas de misiles; además, torturó y asesinó a supuestos colaboradores de Israel, como denunció Amnistía Internacional en su momento.

Con respecto a esto, si bien la comisión independiente concluye que ha habido violaciones del derecho que regula los conflictos armados y el derecho internacional humanitario por ambas partes, acusa abiertamente a Hamás de cometer crímenes de guerra:

Con respecto a los grupos armados palestinos, la comisión tiene serias preocupaciones con respecto a la naturaleza inherentemente indiscriminada de la mayoría de los proyectiles dirigidos hacia Israel por estos grupos y por los ataques contra civiles, lo que viola el derecho internacional humanitario y puede equivaler a un crimen de guerra. El aumento del miedo entre los civiles israelíes como resultado del uso de túneles era palpable. La comisión también condena las ejecuciones extrajudiciales de presuntos “colaboradores”, que suponen un crimen de guerra.

En lo que respecta al Ejército israelí, la comisión observa que le falta información para determinar si sus efectivos cometieron tales crímenes:

Las investigaciones de la comisión también plantean la cuestión de por qué las autoridades israelíes no pudieron revisar sus políticas en Gaza y Cisjordania durante el período objeto de examen por la comisión. En efecto, el hecho de que el liderazgo político y militar no cambió su curso de acción, a pesar del considerable nivel de información sobre el grado masivo de la muerte y la destrucción en Gaza, plantea interrogantes acerca de posibles violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por estos funcionarios, que pueden ser crímenes de guerra. Los sistemas de rendición de cuentas actuales pueden no ser adecuados para abordar esta cuestión.

Surgen preguntas sobre el papel de los altos funcionarios que establecen la política militar en varias áreas examinadas por la comisión, como en los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel a edificios residenciales; el uso de artillería y otras armas potentes en zonas densamente pobladas; la destrucción de barrios enteros de Gaza y el uso de munición real por las Fuerzas de Defensa de Israel, especialmente en situaciones de control de multitudes, en Cisjordania. En muchos casos, los soldados pueden haber adoptado una determinada medida, pero puede ser que la propia política adoptada viole las leyes de la guerra.

En toda guerra y en todo ejército, los militares cometen errores, excesos y, a veces, crímenes de guerra. La responsabilidad de investigar, procesar y condenar a un militar que se haya saltado la cadena de mando recae sobre el Ejército al que pertenece y en los tribunales de su país. De hecho, el derecho penal internacional sanciona el principio de subsidiariedad: sólo entra en juego si los tribunales nacionales no actúan. A este respecto, los israelíes dicen estar investigando al menos 120 incidentes tras haber recibido denuncias de ONGs y organismos internacionales, o como consecuencia de investigaciones previas del propio Ejército israelí.

El informe de la comisión independiente resalta que las autoridades palestinas (entendemos que tanto de la ANP como del Gobierno de Hamás en Gaza) no tienen ningún protocolo para investigar posibles crímenes de guerra por parte de sus tropas, militantes o efectivos, y les insta a que lo establezcan urgentemente, para acabar con la “impunidad duradera”.

En lo que respecta a Israel, no podemos fiarnos mucho de lo que diga el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha servido en los últimos años como arma de deslegitimación y presión internacional contra el Estado judío. No obstante, y por ello mismo, el informe denuncia algo que ya nadie puede negar: Hamás cometió crímenes de guerra, utilizó población e instalaciones civiles como parapeto, lanzó cohetes y proyectiles de mortero indiscriminadamente contra ciudades israelíes con el objeto de asesinar a civiles, se dotó de una red de túneles para el mismo fin y torturó y asesinó a supuestos colaboradores de Israel; y además en la estructura judicial palestina no existe procedimiento alguno para fiscalizar el comportamiento de los combatientes en un conflicto, para qué hablar de investigaciones al respecto.

Este artículo fue publicado originalmente en elmed.io